La comunidad del pueblo maya poqomam de Santa Cruz Chinautla obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca con un fallo judicial que ordena a la municipalidad responder de manera efectiva a sus peticiones para frenar la contaminación de sus ríos y suelos, provocada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la proliferación de vertederos ilegales.
Este fallo “representa un paso decisivo para la protección del derecho a un ambiente sano en
Guatemala y sienta un precedente que podría beneficiar a las comunidades que habitan en la
cuenca del río Motagua, una de las más importantes del país, cuya contaminación llega al Mar
Caribe y amenaza al ecosistema marino del Arrecife Mesoamericano”, dijo Bryslie Cifuentes,
abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA),
organización que acompaña a la comunidad poqomam en el litigio, junto con el Bufete para
Pueblos Indígenas.
Santa Cruz Chinautla se ubica en las riberas de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas, este último
un afluente directo del río Motagua, el más extenso de Guatemala, por lo que tiene un impacto
directo en la salud de toda la cuenca y el equilibrio ecológico regional.
La sentencia responde a la petición de amparo presentada por la comunidad en octubre de 2024, y en ella el tribunal establece obligaciones que el Concejo Municipal de Chinautla
debe cumplir como resultado del fallo judicial:
● Asumir la responsabilidad constitucional y legal de una gestión ambiental adecuada, y
mitigar la contaminación en cumplimiento de las obligaciones de la municipalidad.
● Resolver las peticiones de la comunidad sobre el cierre de vertederos ilegales, la
restauración de ecosistemas, la gestión de los desechos sólidos y el freno a la
contaminación proveniente del área metropolitana de Guatemala con respuestas
adecuadas, oportunas y realizables en corto, mediano y largo plazo.
● Atender la crisis ambiental mediante un estudio minucioso, consensuado, profesional,
técnico, científico y bien fundamentado.
● Garantizar el acceso a la información y la participación de la comunidad maya poqomam
en la toma de decisiones sobre la gestión ambiental, respetando su forma de
organización.
Aunque la sentencia no profundiza en los argumentos de fondo presentados por la comunidad y respaldados por organizaciones nacionales e internacionales, deja claro que la municipalidad es responsable de atender y resolver la problemática de contaminación denunciada.
Al respecto, Cifuentes añadió que “la comunidad poqomam está abriendo camino para que otras comunidades exijan también justicia ambiental”, y que “este caso muestra cómo el derecho puede ser una herramienta para fortalecer la gobernanza ambiental y los derechos de las comunidades”.
AIDA dará seguimiento a la ejecución del fallo para asegurar el cumplimiento del derecho a un
ambiente sano y promover condiciones ambientales, sociales y culturales dignas para la
comunidad maya poqomam. En caso de que la municipalidad decida apelar la sentencia ante la
la Corte de Constitucionalidad, la organización presentará los argumentos legales y científicos
necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de la comunidad.