El avance de la propuesta para imponer un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos a México ha generado una intensa preocupación tanto en el ámbito político como social y económico en México. Hasta este martes 27 de mayo, la iniciativa, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, fue aprobada por la Cámara de Representantes con una votación muy cerrada (215 a favor y 214 en contra), y actualmente se encuentra en discusión en el Senado, que tiene hasta el 30 de septiembre para tomar una decisión definitiva.
El impuesto, originalmente propuesto en un 5% y posteriormente reducido al 3.5% tras negociaciones y presión de diversos grupos, forma parte del paquete presupuestal estadounidense para 2026. De ser aprobado por el Senado, la medida entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y pondría fin a la tasa cero que actualmente aplica a las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen. El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado su rechazo a la medida y continúa cabildeando para evitar su aprobación final.
México es el principal país receptor de remesas desde Estados Unidos, con un récord de 64,746 millones de dólares recibidos en 2024, lo que representa aproximadamente el 2.4% del Producto Interno Bruto nacional. El 96.6% de las remesas que llegan a México provienen de Estados Unidos, y su importancia es tal que superan incluso a los ingresos por exportaciones petroleras y turismo. El impuesto del 3.5% significaría, según estimaciones, una reducción de más de 2,700 millones de dólares anuales en el flujo de recursos hacia México, afectando directamente el consumo y la economía local, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero, Puebla, Guanajuato y Jalisco, que son los principales receptores.
Además, la medida impactaría a las cadenas de autoservicio y tiendas receptoras de remesas, como Walmart, Chedraui, Soriana, Oxxo y Elektra, que dependen en gran medida de los recursos que las familias mexicanas reciben del extranjero para el consumo básico. El aumento en el costo de envío, sumado a las comisiones que ya cobran los servicios de transferencia (entre 5 y 10%), reduciría el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas.
Las remesas son una fuente vital de ingresos, de acuerdo al CEMLA (2022), aproximadamente 4.9 millones de hogares mexicanos reciben remesas, así como 11.1 millones de adultos, especialmente en zonas rurales y marginadas, donde constituyen el principal sustento para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Se estima que las familias más pobres dejarían de recibir alrededor de 43 mil millones de pesos al año, lo que podría incrementar la pobreza y la desigualdad social. Además, existe el riesgo de que algunos migrantes busquen vías alternativas, incluso ilegales y riesgosas, para enviar dinero y evitar el impuesto, lo que podría exponerlos a fraudes y delitos.
Fuente: https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2022-06-notas-de-remesas.pdf
El futuro de la medida depende ahora del Senado estadounidense, donde el proceso se anticipa largo y complejo, con posibilidades de ser modificado o incluso rechazado. Sin embargo, si se aprueba, se prevé un aumento temporal en el envío de remesas antes de la entrada en vigor del impuesto, seguido de una caída significativa en los flujos y un impacto negativo en el consumo interno y la estabilidad económica de las familias mexicanas más vulnerables.
Sobre el autor
El Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía es economista y doctor en Administración Pública, con posdoctorado en Ciencias Sociales. Desde 2002 se desempeña como periodista especializado en economía y finanzas. Ha colaborado en medios como Televisa del Golfo, Noticias de Tampico, El Expreso, Muro Político y W Radio, donde participa quincenalmente en el programa Así las Cosas en el Bajío.
