Sheinbaum investiga impacto del huachicol fiscal
FUENTE: EFE

México determinará impacto económico por contrabando de combustible

El gobierno federal analiza el impacto económico del contrabando de combustible y busca unificar datos de Pemex, SAT y Energía para detectar pérdidas.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno trabaja en la recopilación de información de distintas dependencias federales para determinar el impacto económico del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum descartó que las pérdidas asciendan a 600,000 millones de pesos, cifra que había sido mencionada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano.

La mandataria explicó que la estimación provino de un cálculo realizado por un diputado federal, y que no existe aún un dato oficial de la Secretaría de Hacienda sobre el monto total del daño.

Control del combustible

La presidenta detalló que el gobierno federal integró un grupo de trabajo interinstitucional que reúne bases de datos de Pemex, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Aduanas.

El objetivo, explicó, es crear una fuente única de información sobre la producción, importación y venta de combustibles, lo que permitirá un control más preciso del mercado energético y la detección de posibles irregularidades.

Sheinbaum adelantó que al cierre de octubre se contará con información en tiempo real para detectar posibles irregularidades entre el combustible que se produce, importa y vende.

“A partir de ahí vamos a poder determinar si todavía hay contrabando y de qué tamaño es”, señaló.

La mandataria subrayó que anteriormente no existía trazabilidad en el flujo de combustibles, lo que dificultaba detectar operaciones ilícitas.

Por ahora, sólo se tiene registro de querellas por 16,000 millones de pesos, vinculadas a la evasión de impuestos y a la introducción ilegal de hidrocarburos.

Combustible en juicio

En septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un proceso judicial contra 10 marinos y funcionarios aduaneros por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

Entre los implicados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por permitir la entrada al país de millones de litros de combustible disfrazados como aditivos para su venta ilícita.

Con información de EFE.

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